Corrupción, cultura y diplomacia

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La corrupción es un crimen que daña a la sociedad. Así opina el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, quien se comprometió a apoyar esfuerzos por combatir este fenómeno.

La anterior afirmación aparece en una entrevista que le hizo Prensa Libre (3-XI-14) al Embajador Robinson. Él tiene experiencia conviviendo con dicho mal, pues residió en países con un posicionamiento poco halagador en el Índice de Percepción de Corrupción, el cual analizó 177 países en el 2013: Italia (69), El Salvador (83), Colombia (94), Bolivia (106), Albania (116), y República Dominicana (123). Además, ya laboró en Guatemala, empatada en el puesto 123 con República Dominicana. Lamentablemente Robinson no especifica cómo solucionaría el flagelo de la corrupción.

¿Están conectados el bienestar, la corrupción y la cultura? Recientemente, abordamos la cuestión durante la presentación del sexto episodio del documental Poverty Cure. Las sociedades poseen capital cultural, según Poverty Cure. Las personas exhiben conductas virtuosas, ahorran, innovan y emprenden, en contextos sociales donde existe la confianza mutua y se respetan los contratos, la propiedad privada y el imperio de la Ley, entre otros. Las culturas cerradas y desconfiadas, o con mentalidad de víctima pordiosera, tienden a permanecer subdesarrolladas. Es lógico asumir que habrá más corrupción en las segundas.

Pero el Barómetro Global de Corrupción, una encuesta levantada a 114,000 personas en 107 países, muestra que la corrupción aumenta en todas partes del mundo, aún en países libres, con un Estado de Derecho mejor cimentado y economías prósperas. Alejandro Chafuen, columnista de Forbes y experto en estos temas, escribe que desde hace años Estados Unidos y la Europa Occidental están creciendo a un ritmo menor que países con peores indicadores de corrupción. Chafuen advierte que esta tendencia “está afectando varias de las instituciones esenciales para construir el Estado de Derecho en una sociedad libre.”

Algunos lectores pensarán que la tendencia mundial imita la historia guatemalteca, en cuya cultura arraiga la corrupción desde hace décadas. Tanta evidencia negativa nos podría sumir en la desesperanza determinista, o bien llevar a la fatal conclusión que poco nos beneficiaría fortalecer el Estado de Derecho o promover la libertad económica. El documental de Poverty Cure nos presenta una cara de la moneda más alentadora: las personas (y las culturas) cambian. Quizás sean más las historias de horror que las historias de éxito, pero existen organizaciones, comunidades y despachos públicos que se han vuelto más transparentes. Individuos y agrupaciones, sobre todo de índole religiosa, han motivado a otras personas para que salgan adelante haciendo gala de laboriosidad, esfuerzo, perseverancia y honradez.

Es preciso además reorientar las políticas públicas. Estamos tan acostumbrados a pensar que el Gobierno es la madre de todas las soluciones a nuestros problemas, que perdemos de vista los males que emanan de él. Las instituciones más desprestigiadas al nivel mundial son precisamente aquellas asociadas con el ejercicio del poder. El Barómetro Global revela que los partidos políticos y los policías son los peor percibidos, seguidos de los jueces, los diputados y los burócratas. Más de la mitad de los entrevistas consideran que estos cuerpos se han vuelto más corruptos en dos años.

Cabría recordar la advertencia que hacía el economista Gary Becker: la criminalidad es cuestión incentivos. A veces excesivos trámites y regulaciones, y la prevalencia de entes estatales corruptos, invitan en lugar de desalentar conductas turbias entre los ciudadanos. Tirarle más fondos al sistema perverso no resolverá la cuestión al menos que se opere un cambio tal que los premios de ser corrupto palidezcan ante los castigos, y que los castigos sean certeros.

Este artículo fue publicado el viernes 7 de noviembre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

La fotografía es una imagen tomada del sitio de la organización Transparencia Internacional e ilustra los países con problemas de percepción de corrupción en los partidos políticos, según la encuesta Barómetro Global del 2013. (Ver enlace arriba)

 

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¿Eso es justicia social?

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“No deje que nadie le diga que las corporaciones y los negocios crean empleos,” afirmó Hillary Clinton en un mitin político en Boston la semana pasada.

A veces hablamos sin pensar, pero otras veces nuestras palabras revelan un razonamiento incoherente. Esto ocurrió el 24 de octubre a Hillary Clinton, ex canciller de Estados Unidos y posible candidata a la presidencia en del 2016, cuando hacía campaña a favor de Martha Coakley, postulada para el cargo de gobernador de Massachusetts.

El Gobierno de Estados Unidos no funge como el empleador único ni propietario monopólico de todo bien. En dicho país existen personas innovadoras y esforzadas que originan unidades productivas llamadas empresas, negocios o corporaciones. Éstas generan oportunidades de trabajo. ¿Hillary Clinton miente conscientemente o sostiene sinceramente esta absurda posición?

La frase luce como una ventana al pensamiento progresista del primer mundo. La Sra. Clinton supone que sólo del Gobierno proceden cosas buenas; que el Gobierno es la fuente primaria de todos los beneficios disponibles a los ciudadanos: salud, educación, vivienda, bienestar, recreación, empleo y más. Pero el Gobierno ensalzado por Clinton no es totalitario, sino paternalista. Es el director de la orquesta y el policía plenipotenciario.

La ex canciller confía en la motivación y los resultados que se cosechan en la arena política y rechaza aquello que surge de la interacción libre y voluntaria entre las personas. Piensa que dejados a nuestras anchas, abusaríamos unos de otros. A Clinton no le basta creer saber lo que más conviene a la ciudadanía, sino que siente el deber moral de imponer su criterio a la fuerza.

Ella navega bajo la bandera de la justicia social, entendida en un sentido secular y revisionista. Una documental biográfica describe a Hillary Clinton como una “vociferante promotora de la justicia social”. Jean F. Blashfield, autora de una biografía sobre la afamada política, escribe que “ella empezó a ver que una creencia en la justicia social era un asunto político, no meramente religioso, y que la justicia social puede alcanzarse a través de la acción política.”

Según este paradigma, el Gobierno es indispensable para procurar la justicia social. Obvia dos alternativas que documentó Alexis de Tocqueville cuando visitó Estados Unidos en 1831. La primera es que las personas racionales, libres y responsables son capaces de gestionar su propio bienestar y el de sus seres queridos. Y la segunda es que las personas suelen asociarse con otros para atender asuntos que rebasan sus capacidades e intereses individuales, concernientes a la familia, la comunidad, el municipio y más. Históricamente, el progreso es resultado de la ayuda mutua voluntaria y la autogestión, más que de la planificación estatal. Tocqueville y otros intelectuales infieren por tanto que al Gobierno compete un rol más limitado: hacer valer el Estado de Derecho, garantizando los derechos básicos, los contratos, y la seguridad.

Hillary ignora las instancias intermedias entre ciudadano y Gobierno. Adicionalmente, ve al ciudadano promedio como desvalido o incompetente, necesitado de la tutela del político de turno. En un discurso del año pasado, la Sra. Clinton afirmó que “cuando los ciudadanos están alienados de su gobierno, la democracia sufre.” Tras abandonar el Departamento de Estado, ella realizó una gira para restaurar la “fe en el gobierno”. Nuevamente entrevemos su mentalidad: debemos depositar nuestra fe en los políticos pues desconfiar de la “democracia” nos hace sentir alienados y desgarra el tejido social.

Pero la realidad es otra. Cuando el Gobierno se entromete demasiado en nuestras vidas, desplaza sanas y atinadas iniciativas privadas y comunitarias. Dichas intromisiones no son justas, no causan prosperidad, ni tampoco promueven la paz social.

Este artículo fue publicado el viernes 31 de octubre del 2014 por la Revista Contra Poder y CEES.

Bolas mediáticas y realidad: el sínodo

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Debemos mantener la calma y formar criterio analizando las fuentes primarias, sin caer en las trampas que nos colocan reporteros tendenciosos.

“El Vaticano cancela su terremoto” es el titular de un artículo por Damian Thompson en un periódico inglés. Según Thompson, el Papa Francisco sufrió un revés porque los obispos emitieron unas propuestas menos sísmicas de las que él y muchos reporteros esperaban, al concluir el Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la Familia. Numerosos periodistas repiten que los obispos conservadores trajeron a pique la progresista ambición del pontífice por redefinir la familia. Amigos en Facebook critican a los obispos por ser “más papistas que el Papa”. Por su parte, algunos fieles católicos se preocupan por la supuesta confrontación al seno de la Iglesia. Las expectativas de unos y los temores de otros son infundadas.

Somos testigos, no de una foto instantánea, sino de un proceso que aún no termina. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Padre Federico Lombardi, se refirió al texto como un paseo. De hecho, la palabra sínodo deriva de dos palabras griegas que significan ruta, camino o viaje, y encuentro o reunión. El paseo inició con un cuestionario enviado a las conferencias episcopales de todo el mundo hace un año. En mayo de este año, el Consejo Ordinario del Sínodo de Obispos elaboró un instrumento de trabajo. Los partícipes del Sínodo Extraordinario recién celebrado se dividieron en diez grupos o círculos menores para dialogar con base en dicho borrador. En sus palabras inaugurando la reunión, el Papa Francisco pidió a los convocados “hablar claro”, “sin respeto humano, sin timidez”. El Relatio post disceptationem es el documento preliminar que resume los debates. Sirvió para las votaciones, punto por punto, que culminarían en el texto-paseo o Relatio Synodi. El Papa Francisco pidió publicar los dos textos e incluso el número de votos que recibió cada uno de los 62 puntos aprobados por dos terceras partes. Pero el Relatio Synodi no es un documento disciplinar o magisterial. Constituye un paso más hacia la XIV Asamblea General Ordinaria del sínodo de obispos que abordará el tema “Jesucristo revela el misterio y la vocación de la familia”, y se llevará a cabo en el 2015.

Los periodistas, acostumbrados a cubrir eventos puntuales, quizás no comprenden el prudente ritmo de trabajo que se impone la Iglesia. Quizás no tengan la paciencia de navegar páginas y páginas de textos tentativos. Sumamos a esto su propensión a hacer lecturas a través de sus lentes ideológicos; cuando la realidad no les agrada, la rechazan. El proceso que llevó al Relatio Synodi pone en evidencia sus equívocos: el Papa Francisco no es un revolucionario y los obispos no son insensibles frente a los retos que encara la familia moderna. El debate abierto y la razón no son fenómenos ajenos a la Iglesia.

Como señala con humor Jennifer Roback Morse del Ruth Institute: “¡El Papa Francisco definitivamente es católico!” En la última sesión del sínodo, el pontífice advirtió sobre la tentación de transformar la piedra en pan y el pan en piedra. Nuestros pastores no quieren, ni pueden, modificar la doctrina ni descuidar su rol como custodios de la fe. “Tantos comentadores han imaginado ver una Iglesia en litigio donde una parte está contra la otra, dudando hasta del Espíritu Santo, el verdadero promotor y garante de la unidad y de la armonía en la Iglesia” agregó el Papa.

El propósito del proceso no es aguar las enseñanzas sobre el matrimonio y la familia, sino hacerlas más atractivas. La tarea pastoral de la Iglesia es motivarnos a vivir conforme a la fe católica, porque constituye una roca sólida sobre la cual construir nuestras relaciones amorosas. Es un medio para acceder a la felicidad terrenal.

Este artículo se publicó el viernes 24 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

 

¿Podemos elegir imparcialmente a funcionarios públicos?

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Preocupa la politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. ¿Qué podemos hacer al respecto?

El proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desató un encendido debate nacional…otra vez. La discusión es la comidilla de abogados que citan leyes aparentemente contradictorias o por lo menos, sujetas a interpretación, dejando perplejo al ciudadano atento. Los señalamientos empezaron desde que se conformó la Comisión de Postulación encargada de someter al Congreso de la República una nómina para la selección final de los magistrados. ¿Procede la suspensión de la elección por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC)? ¿Esta decisión implica un “borrón y cuenta nueva”? ¿Es ilegal que los magistrados salientes permanezcan en su puesto? ¿Se usarían las mismas reglas si se repite el proceso? ¿O hay que reformar la mecánica para elegir magistrados? ¿Qué efectos positivos y negativos tendrá la quijotesca denuncia hecha por la reelecta magistrada, Claudia Escobar? ¿Qué implicaciones tiene para el país que la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Gabriela Knaul, señalara que la elección no se apegó a estándares internacionales y que debía repetirse?

Aunque no podamos responder a las preguntas anteriores, nos queda claro que las reglas actuales cosechan resultados sub-óptimos. Queremos magistrados éticos, independientes y capaces, alejados del vaivén partidista; queremos confiar en los mecanismos establecidos para elegir a dichas figuras públicas. El barullo confirma que fracasamos en alcanzar las dos metas, y nos rememora vivencias pasadas, también tildadas de viciadas, que involucran a Comisiones de Postulación.

Cada vez dimensionamos mejor la dañina politización de los procesos de selección de funcionarios públicos. La Constitución de 1985 estableció este mecanismo con la expectativa que los profesionales alejados del mundo político contribuiría a la selección de candidatos idóneos. Pero la estrategia de involucrar en la decisión a ciudadanos probos e informados no resultó mucho mejor que la designación a dedo. Los bien intencionados promotores de las comisiones no anticiparon la actividad de búsqueda de rentas asociada a las reglas del juego.

El análisis económico de las decisiones públicas advierte que mientras las personas perciban que pueden usar medios políticos para conseguir beneficios personales, existirá la búsqueda de rentas. Y que empobrece a la sociedad la inversión que hacen los ciudadanos para acceder a esas ventajas.

Son poderosos los servidores públicos como el Contralor General de Cuentas, el magistrado y el Fiscal General. Pueden hacer favores a unos y dañar a otros. Los primeros interesados en influir sobre el proceso son quienes ambicionan ocupar el cargo; ellos promueven sus candidaturas políticamente. Además, suponiendo que yo quiero proteger mis intereses por la vía política, me convendrá sellar una amistad con dichos funcionarios. Intentaré influir en la cadena de decisión: en los electores de los integrantes de la comisión, en las deliberaciones de la comisión y, en este caso, en los diputados al Congreso que tienen la última palabra. Siempre es posible acercarme a la figura que ya fue electa, pero es tanto mejor comprometer sus lealtades antes de que asuma el cargo.

Dos formas de reducir la búsqueda de rentas son: a) guardar en secreto los nombres de los electores y b) reducir el poder discrecional del elector. Dado que el recurso al secreto parece reñir con la transparencia, debemos centrar atención en la segunda alternativa. Ello implica fijar estándares objetivos de calificación, pero además ensayar con reglas imparciales, como por ejemplo sacar los nombres de candidatos competentes de un sombrero, al azar.

Este artículo salió publicado el 17 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y CEES.

 

Necesaria defensa

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Luis Figueroa, columnista de el Periódico, le pidió una vez a Álvaro Velásquez, columnista de Siglo 21, que “jugara limpio”. Jugar sucio es como desenfundar una filuda navaja en un pleito callejero, cuando se ha acordado combatir a puñetazos. Victoria pírrica.

En la columna “Rescatar la academia y la universidad”, publicada el 25 de septiembre, Álvaro Velásquez blande su navaja contra tres víctimas: la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos (Usac), el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (Cadep) de la Universidad Francisco Marroquín, y el análisis económico de las decisiones públicas o Public Choice. El autor también critica a otros, pues señala que las comisiones de postulación involucraron a las universidades guatemaltecas en un proceso político de buscadores de renta y corrupción, perjudicándolas gravemente. Comparto este criterio, pero rechazo su apreciación del proyecto organizado conjuntamente por Cadep y diversas universidades del país, el Seminario Interuniversitario.

Velásquez critica a la decanatura de Ciencias Económicas de la Usac por desaprovechar convenios internacionales, “mientras que convenios como el de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) cobran prioridad…Se trata de los Seminarios Interuniversitarios con el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (Cadep-UFM) (sic), donde la Usac presta instalaciones y alumnado para discutir la agenda de la teoría de la public-choice (sic), pero sin reciprocidad alguna.”

Debatimos sobre el análisis de las decisiones públicas con Álvaro Velásquez en el IX Seminario Interuniversitario “Economía para la Política” (2011). Mese antes, Álvaro había publicado “Public Choice, o la Opción Racional de Clase en la Reforma Política en Guatemala” en la revista Diálogo. Yo respondí en el Tópicos de Actualidad del Centro de Estudios Económico-Sociales. Él sabe que es falsa su caracterización de la disciplina y del seminario, que dicho sea de paso no tiene rango de convenio.

Desde que arrancó el Seminario Interuniversitario en el 2003, las facultades involucradas, principalmente las de derecho, economía, periodismo y ciencias políticas, fueron involucradas en el diseño del programa, así como en la selección de los conferenciantes y los estudiantes participantes. Han sido anfitrionas varias universidades, no solamente la Usac; prestan generosamente sus instalaciones aquellas que pueden acomodar grupos grandes. Cada día del evento visitábamos un diferente campus. Los estudiantes de la Usac, como los demás participantes, han aprovechado estas oportunidades. En las hojas de retroalimentación, aprueban de la metodología de rotar de sede y facilitar mesas de trabajo para discusiones entre pares. Por tanto, la reciprocidad define al Seminario Interuniversitario a diferentes niveles.

Los encuentros auspiciados por Cadep han rendido frutos académicos y forjado relaciones valiosas entre personas intelectualmente inquietas. Comentamos con el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac, Eduardo Velásquez C., quien merece un aplauso y no una puñalada por ser cofundador de este evento, que las nuevas generaciones no portan las cicatrices de la Guerra Fría y dialogan con mayor soltura. Eso es bueno para Guatemala.

Adicionalmente, Álvaro define maliciosamente el programa de investigación de Public Choice, pues afirma que “enseña que la democracia debe tener límites constitucionales que garanticen la soberanía de la minoría, caso contrario al mercado que no debe tenerlos”. ¡Vaya definición! Aunque estoy tentada a abordar los límites al mercado, me limitaré a aclarar que Public Choice analiza la forma en que tomamos decisiones colectivas. Ello abarca las instancias en las que mayorías, minorías o dictadores abusan del poder de decisión. Abusos como los que Álvaro detecta en la politización de las comisiones de postulación. Irónicamente, hace un análisis de Public Choice y luego lo trivializa.

Este artículo fue publicado el viernes 10 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y el CEES.

Humildad

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Nos sirve reconocer que aún en el presente hay personas santas que desempeñan sus quehaceres ordinarios sin llamar la atención pero con excelencia. Al declarar beato a Álvaro del Portillo, la Iglesia Católica nos invita a seguir su ejemplo.

Podemos aprender a vivir la humildad estudiando la vida del beato Álvaro del Portillo (1914-1994), doctor ingeniero y doctor en derecho canónico. Tras su incorporación al Opus Dei en 1935, se convirtió en la mano derecha del fundador, San Josemaría Escrivá de Balaguer. En 1944, se ordenó sacerdote. Fue electo primer sucesor de San Josemaría luego de su fallecimiento en 1975 e hizo cabeza durante 19 años como “Padre”, título cariñoso para designar al Prelado de esa gran familia espiritual.

El pasado 27 de septiembre, Álvaro del Portillo oficialmente superó la tercera de cuatro etapas en el proceso de canonización y ha sido declarado beato, palabra que literalmente quiere decir feliz o bienaventurado. Como otras personas que merecen este título, murió con fama de santidad, habiéndose ejercitado en múltiples virtudes en grado heroico, entre ellas la fidelidad, la laboriosidad, la mansedumbre y la pureza de corazón. Pero se distinguió en la práctica de la humildad, dijo el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, a las 100,000 personas que participaron de la misa de beatificación en las afueras de Madrid.

Monseñor del Portillo incluso ha sido descrito por personas que lo trataron como “la humildad en persona.” Imitó en su sencillez y servicialidad a Jesucristo y a su madre María, a quien tenía una profunda devoción. No buscaba reconocimientos ni premios y jamás presumió de su inteligencia y sus abundantes logros profesionales y espirituales. El Cardenal Amato explicó en su homilía que el nuevo beato repetía frecuentemente dos frases: “sin humildad, no hay virtud que lo sea”, de las Novelas Ejemplares por Cervantes, y la jaculatoria “no despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado”. Aprendió del fundador un consejo originalmente pronunciado por un sacerdote y educador español, San José de Calasanz, que él también solía dar: “Si quieres ser santo, sé humilde; si quieres ser más santo, sé más humilde; si quieres ser muy santo, sé muy humilde.”

El Cardenal Amato afirmó que “su humildad no era áspera, llamativa, exasperada; sino cariñosa, alegre.” Las palabras de Amato hacen recordar una anécdota narrada por José Luis Múzquiz, quien fue uno de los primeros tres sacerdotes del Opus Dei, junto con don Álvaro y don José María Hernández Guernica. Dado que ocupaba el cargo de Secretario General, a don Álvaro le tocaba hacer cabeza cuando San Josemaría salía de Madrid para dar cursos de retiro a sacerdotes y para realizar otras gestiones. Pese a su autoridad, Del Portillo consultaba al fundador las inquietudes que le planteaban los demás antes de dar una respuesta. Escribe Múzquiz, que “no era indecisión o timidez; era humildad: conciencia de que san Josemaría poseía las gracias especiales del fundador.”

En una carta que escribió San Josemaría en febrero de 1950 a sus fieles, se aprecia lo instrumental que llegó a ser Álvaro del Portillo en el desarrollo del Opus Dei. El médico tratante de don Álvaro les había informado que tenía que operarlo por una apendicitis, luego de que el paciente se hubiera aguantado el dolor todo lo posible con el fin de cumplir con sus muchas tareas. “Encomendadlo,” escribió San Josemaría, “porque, aunque sólo sea una operación corriente, para nosotros es un gran lío: no tengo quienes le puedan sustituir, en el montón de asuntos de la Obra, que él lleva”. El apodo que le puso San Josemaría al nuevo beato, “Saxum” o roca, lo dice todo. Para el fundador, don Álvaro era una firme roca de apoyo porque era un fiel y eficiente colaborador, pero también porque don Álvaro comprendió a la perfección lo que Dios le pedía hacer a través de su Obra.

Este artículo salió publicado el viernes 3 de octubre del 2014 en la Revista Contra Poder y CEES.

La foto es origina de M.E.Rodríguez y es el amanecer sobre el altar donde se celebró la misa de beatificación, en Madrid, España.

 

Acuerdo del Manifestante

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Imitemos a Martin Luther King, quien dijo “no dudamos en llamar ejército a nuestro movimiento. Pero era un ejército especial, sin más que su sinceridad por suministros, ningún uniforme más que su determinación, ningún arsenal más que su fe, ninguna moneda más que su conciencia.”

¿Qué pasó en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez, el 19 y 20 de septiembre? Los medios reportan un trágico saldo: por lo menos ocho personas muertas, varias de ellas pertenecientes a la familia Pajoc Guamuche; otras personas hospitalizadas con heridas y quemaduras; cinco vehículos y tres casas incendiadas. Aunque los aterrorizados habitantes de la aldea se niegan a dar informaciones, algunos medios publicaron que un altercado respecto de la construcción de la planta cementera San Gabriel y el Anillo Regional detonó la violencia. La organización Convergencia por los Derechos Humanos afirmó que trabajadores de Cementos Progreso provocaron el incidente, pero el comunicado oficial de la empresa no sólo condena los hechos sino que afirma que las familias de sus colaboradores son las víctimas en este caso.

Aparentemente, nadie quiere asumir responsabilidad del atropello. Ninguna causa justifica a un tropel enmascarado prender fuego a familias completas, e impedir el ingreso a rescatistas que pudieran haber salvado unas de las vidas en peligro. Acierta el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando declara que “el Gobierno está a favor de las marchas, del derecho de petición ciudadana, pero no de los actos vandálicos y de violencia.” El Gobierno debe hacer valer los derechos básicos de los guatemaltecos, entre ellos el derecho a la vida y la propiedad. Quienes agreden a sus conciudadanos merecen el calificativo de terroristas, no manifestantes.

Este incidente nos obliga a replantear los límites a la protesta y la libertad de expresión. Carece de legitimidad cualquier movimiento que emplea medios barbáricos. Como demostraron Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Lech Walesa y otros líderes de protestas sociales, son más exitosas las agrupaciones que cuidan la legitimidad de sus métodos y de sus metas, y ello implica necesariamente renunciar a la violencia.

Propongo que los guatemaltecos nos obliguemos unos a otros a suscribir el siguiente Acuerdo del Manifestante:

  1. No mataré ni heriré a mis enemigos o amigos. No los atacaré con navajas o machetes, no los quemaré vivos, no los asesinaré con armas de fuego. No les lanzaré piedras, palos, granadas o bombas.
  2. No atentaré contra la propiedad privada. No invadiré terrenos y no destruiré viviendas, vehículos, negocios, puestos de venta, siembras, ganado, ni otros bienes. No toleraré el vandalismo.
  3. No cometeré actos vandálicos contra la propiedad gubernamental, incluyendo municipalidades, carreteras, puentes, puertos y más.
  4. No robaré. No me apropiaré de las pertenencias del prójimo, ni consentiré que una manifestación o protesta sirva de excusa para saquear casas o comercios.
  5. No extorsionaré a mis compatriotas para financiar mis actividades.
  6. No emplearé amenazas para obligar a las personas a abandonar su hogar, su trabajo o su pacífico estilo de vida.
  7. No mentiré. Me haré responsable de mis actos. Evitaré exagerar, distorsionar, encubrir o de otras formas falsear los hechos para avanzar mi causa. Renunciaré al cobarde anonimato. Recurriré al debate sano para persuadir a la ciudadanía de mi postura.
  8. Evitaré provocar disturbios sociales o sembrar el miedo en lugares públicos como estadios o cines, sobre todo si mi provocación es mediante un lenguaje que alienta un odio divisivo. Una turba irreflexiva y fuera de control es mi peor pesadilla.
  9. No pondré obstáculos a la libre locomoción de mis compatriotas. Mis manifestaciones no provocarán pérdidas económicas, daños al bienestar o a la vida de otras personas.
  10. Pediré que se castigue con todo el peso de la ley cualquier acto delictivo, aunque sus autores lo comentan en nombre de mi causa.

Este artículo fue publicado el viernes 26 de septiembre del 2014 en la revista Contra Poder y el CEES.

La foto fue tomada del sitio http://twadl.com/Guatemala/Pajoques/1/.