Justicia para los pobres

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En la Encíclica Rerum Novarum de 1891, el Papa León XIII afirma que quienes le niegan al individuo “…el derecho a poseer como dueño el suelo sobre el que ha edificado o el campo que cultivó”, en la práctica le privan de aquello que produjo con su trabajo.

El jueves 31 de julio tuve el gusto de asistir a la presentación de “Justicia para los pobres”, el tercer documental de la serie producida por Acton Media, Poverty Cure. La actividad fue auspiciada por el Instituto Acton Argentina y la Universidad Francisco Marroquín. Poverty Cure es un valioso recurso para el debate en Guatemala sobre las causas y posibles soluciones a la pobreza. Los dos episodios anteriores versan sobre la caridad, la cooperación internacional y la microempresarialidad. Resonaron en mi mente tres hipótesis desarrolladas en este segmento.

La primera es que la prosperidad es facilitada por un Estado de Derecho, entendido como un conjunto de reglas y leyes que hace factible la convivencia pacífica. Los países en vías de desarrollo suelen tener abundantes leyes mercantilistas pero no reglas claras, estables y transparentes que rigen sobre todos por igual y son aplicadas eficientemente. Los pobres carecen de las garantías básicas y protecciones jurídicas necesarias para labrar su futuro. Los productores del documental usan como ejemplo un asentamiento llamado La Cava, en Buenos Aires, que me recordó a nuestra Limonada. Es una tierra de nadie. La policía resguarda a otros vecindarios de los residentes de la barriada, pero no a quienes viven dentro. Las familias trabajadoras que viven en La Cava intentan salir adelante, pero deben hacerlo desde la informalidad. Además, diariamente enfrentan la violencia que amenaza sus vidas y sus posesiones.

La segunda hipótesis es que una excesiva tramitología eleva los costos de operar negocios legítimos y por ende, de generar oportunidades y empleos. La estrecha relación entre las regulaciones engorrosas y el subdesarrollo es innegable gracias al estudio Haciendo Negocios, iniciado en el 2002 por el Banco Mundial para medir la tramitología en 189 países. Vencen las trabas los ciudadanos corruptos, y quienes tienen conexiones con el poder político, opina Marcela Escobari, directora del Centro para el Desarrollo Internacional, entrevistada en el documental. Por el contrario, los pobres, usualmente laborando en la informalidad o en actividades agrícolas de subsistencia, permanecen aislados de las redes económicas productivas.

Lo cual nos lleva a la tercera hipótesis, y es a los pobres les conviene acreditar sus derechos de propiedad. Hernando de Soto, autor del Misterio del Capital, afirma que el primer escalón para asentar un verdadero Estado de Derecho es el reconocimiento de la propiedad privada. Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato di Tella y coautor de una investigación sobre el efecto de la titulación en los pobres, concluye que la titulación de las posesiones no sólo alivia la pobreza, sino que además cambia la concepción que tienen de si mismos los pobres. Los propietarios tienden a gozar de mejor salud y a educarse más y mejor.

A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado con diversos regímenes de propiedad como la propiedad comunal, estatal, en cooperativas y privada. Los estudios muestran que se crea más riqueza cuando los derechos están claramente delimitados y son hechos valer. Un exitoso empresario de Ghana, Herman Chinery-Hesse, considera que la pobreza crónica en su país es el resultado directo de haberle negado a generaciones de generaciones de agricultores, la posibilidad de comprar la tierra que ocupan y labran. Sus derechos han sido siempre precarios. Agrega Chinery-Hesse que si los agricultores de Ghana pudieran sacar un préstamos del banco sobre la base de sus tierras ancestrales debidamente reconocidas, podrían comprar un tractor o invertir en mejoras de producción y así pronto las cosas cambiarían.

Este artículo fue publicado el 8 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

La foto es propia.

 

La igualdad de ingresos

 

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“El progreso requiere trabajo,” concluye el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas (PNUD). ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué pasa si invertimos tiempo y dinero en las políticas públicas equivocadas?

He pasado días dándole vueltas al titular “Desigualdad impide desarrollo nacional”, de Prensa Libre del 25 de julio. La única forma de interpretar esta frase es que seríamos ricos si fuéramos iguales. Cosa que a mí no me cuadra. Lo que es más, el artículo le pone monto: según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas (PNUD), “Guatemala pierde 33 por ciento de desarrollo humano, debido a la desigualdad existente…”

Comparto la aspiración manifiesta del informe del PNUD. Quisiera ver el día en que todos los guatemaltecos gocen de un cómodo nivel de ingresos económicos, buena salud y educación. Pero podemos caer en errores empobrecedores si nos conformamos con una superficial lectura del informe o del titular citado. Podríamos concluir que, siendo la igualdad condición necesaria para el progreso, entonces debemos repartir el ingreso nacional en partes iguales inventando una especie de “cheque de la igualdad”. Si el Producto Interno Bruto per cápita es de $2,340.78 (Banco Mundial), entonces habría que despojar de “sus excesos” a todos los guatemaltecos que ganan más que el promedio, y repartir la diferencia entre quienes ganan menos. Según esta lógica, el país empezaría a prosperar cuando cada uno tenga en su haber exactamente la misma cantidad de quetzales.

Algunos de los beneficiarios invertirían sabiamente su “cheque de la igualdad” pero otros lo desaprovecharían, porque como dice el refrán, lo que viene fácil, fácil se va. Además, como sociedad asumiríamos el millonario costo de la burocracia requerida para ejecutar el plan. En todo caso, la igualdad de ingreso duraría escasos minutos porque cada uno actuaría de tal forma que haríamos emerger nuevas diferencias. El totalitarismo es el único sistema que intenta imponer la igualdad económica permanente. Y los regímenes totalitarios, como Corea del Norte, igualan a sus habitantes en la pobreza, no la riqueza.

Lo que realmente impide el desarrollo son los obstáculos a la creación de la riqueza. Mientras todas las personas tengan acceso a los círculos de intercambio y productividad, no nos debería inquietar que unos cosechen más que otros mediante su trabajo lícito. En muchos sentidos, la desigualdad es positiva. La riqueza es creada por millares de personas con desiguales talentos, preferencias, información y circunstancias que concurren a un mercado en desequilibrio, el cual, operando libremente, genera oportunidades de gana-gana.

Lograr un crecimiento económico de doble dígito: esa debería ser la meta de país. Tal ritmo de crecimiento significaría más y mejores oportunidades de empleo, más y mejores incentivos para capacitarse y educarse, y más recursos disponibles para invertir en servicios de salud preventiva y curativa. Y es que los servicios de educación y salud son bienes económicos; la calidad y cantidad de los mismos también aumentan dentro de un contexto competitivo y abierto. Es tiempo de explorar nuevas y mejores formas de prestar dichos servicios.

Esta prescripción alterna exige eliminar los obstáculos de entrada y salida del mercado. Y a esto apunta el informe del PNUD. Explica el resumen ejecutivo del informe que las “vulnerabilidades estructurales” emergen en aquellos sistemas donde existen barreras que impiden a ciertas personas y grupos acceder a “sus derechos y escogencias”. Estas barreras derivan de prácticas socio-culturales y de estructuras de poder, es decir, son legales y políticas. El mercantilismo se caracteriza por dar un trato desigual a los ciudadanos; los allegados al poder acceden a privilegios vedados a otros. Estas prebendas y preferencias son las que tenemos que abolir para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos.

Este artículo fue publicado el 1 de agosto del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.

Información, mercado y política

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Cuando la Casa de los Comunes del Reino Unido decretó la estatización de los faros, en 1834, los diputados emitieron un reporte justificando su decisión. El reporte es tan actual hoy como hace 180 años: los políticos alrededor del mundo siguen dictando este discurso.

Los diputados británicos explicaron en 1834 que tenían que confiscar los faros*, primero para imponer la homogeneización de las tarifas y las reglas. Cuando cada inversionista que construye y opera un faro establece su propio régimen de cobro a los navegantes, reina el caos y la confusión. Segundo, los diputados adujeron que los servidores públicos toman mejores decisiones que los agentes privados. Fijan políticas uniformes con base en información completa, y por tanto cosechan resultados eficientes y evitan naufragios y tragedias. Tercero, los dueños privados buscan cobrar altas tarifas movidos por su afán de lucro, pero conviene a la nación atraer más barcos, cobrando un impuesto bajo, o incluso eliminando el cobro. ¿Cómo no van a preferir los navíos atracar en costas inglesas, si pueden hacerlo gratuitamente?

Este ejemplo histórico revela porqué el discurso político nos conquista. El político nos ablanda susurrando: descanse tranquilo, porque yo vengo a cargar su yugo y velar por sus intereses, que conozco perfectamente. La alternativa a su suave promesa es asumir la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones propias, lo cual luce más oneroso.

Es un espejismo, ya que no se reducen los costos al trasladar las decisiones del plano económico al plano político. En ambos campos se asignan recursos escasos. La autoridad central que construye y opera los faros eroga millones de libras esterlinas, pero distribuye los gastos entre miles de tributarios. En el mercado quien compra un artículo lo paga directamente, pero en el mercado político el pago queda diluido, oculto o diferido. Estudios en distintos países han revelado, por ejemplo, que las escuelas privadas tienen costos inferiores a las escuelas gubernamentales por niño atendido, pero el estudiante dentro del aparato público cree que le atienden gratuitamente porque nunca se deletrea el costo real de sus estudios. Aunque se conocen mecanismos más eficaces para surtir servicios a personas de escasos recursos, se perpetúan programas y proyectos ineficientes.

Una falacia subyacente al razonamiento de los congresistas británicos se relaciona con la información. Centralizar las decisiones en un ente oficial centraliza la generación de datos. Idealmente, los especialistas gubernamentales tendrían acceso a todo conocimiento, pero en la práctica es evidente que los tecnócratas no necesariamente saben más que los actores económicos. De hecho, el monopolio estatal mata una importante fuente de información: el sistema de precios producto del voluntario intercambio entre oferentes y demandantes. En ausencia de un dinámico y libre sistema de precios, se seca la retroalimentación sobre las preferencias y la demanda de bienes y servicios. Un tecnócrata que intenta proveer bienes públicos a la sociedad pronto constata que no logra discernir a ciencia cierta, por muchas encuestas que levante, qué producir, en qué cantidades y a qué precio.

La falta de innovación y de creatividad es otra grave pérdida que asume la sociedad como resultado de la centralización y la estatización del servicio. El aparente caos de la diversidad trae consigo la posibilidad de comparar métodos administrativos y productos de variada calidad. Los faros que prestan una excelente atención pronto son imitados y hasta superados por competidores. Se motiva la mejora en la prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías. En cambio, los entes monopólicos gubernamentales operan con base en la tecnología existente al momento de centralizar, pues carecen de incentivos para experimentar.

Ciento ochenta años más tarde, uno pensaría que los ciudadanos seríamos capaces de resistir a los cantos de sirenas políticos.

*El comunicado oficial de la Casa de los Comunes es citado por Ronald Coase en su épico artículo The Lighthouse in Economics (1974).

Este artículo fue publicado el 25 de julio del 2014 en la Revista Contra Poder y en el CEES.