Yo manifiesto, tú manifiestas, todos manifestamos

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La mayoría de nosotros prefiere vivir en sociedades que garantizan la libertad de asociación y de expresión.  Ello implica poder protestar pacíficamente, en espacios públicos, conjuntamente con otros.

No querríamos vivir bajo un régimen opresivo que severamente restrinja las manifestaciones. Aún nos choca recordar la Masacre de Tian’anmen en 1989, por ejemplo, cuando el Ejército Popular de Liberación de la China asesinó a jóvenes desarmados que manifestaban contra el gobierno. A veces, el plante es el único vehículo para hacer valer los derechos humanos básicos. Hoy lamentamos la violenta represión contra ciudadanos tanto en Venezuela como en Ucrania, donde la remoción del Presidente Yanukóvich no bastó para restaurar la calma.

Idealmente, una protesta debe ser pacífica, respetar el derecho ajeno y reflejar la sincera preferencia de las personas reunidas voluntariamente. Tal evento informa sobre la relativa popularidad de una causa. Transparenta los criterios diferentes y contribuye a formar opinión pública a través del diálogo.

En la práctica, sin embargo, nos percatamos que no todas las protestas son como las de Venezuela y Ucrania. No todas son ideales. Se desvirtúa la herramienta en por lo menos cuatro formas: se recurre a la extorsión como método, se buscan privilegios, se falsean las preferencias y se siembran los incentivos perversos.

La manifestación-chantaje exige, incluso con amenaza de fuerza, hasta que la autoridad concede el interés particular al grupo manifestante. Los políticos se pliegan porque no quieren antagonizar al grupo de presión políticamente organizado, incluso cuando quienes protestan son funcionarios públicos. Además, temen el caos y descontento social que genera el plantón. En un video proselitista, la activista de izquierda Naomi Wolf aconseja realizar protestas que “paren el tráfico”. Sólo se logran resultados infringiendo la ley y alterando el orden público, o bien, reuniendo a las masas, afirma Wolf. Los demás ciudadanos nos sentimos rehenes impotentes: la protesta nos impone costos que no nos podemos sacudir.

Dicha extorsión es posible porque el gobierno tiene la potestad de conceder privilegios y prebendas a sectores sociales. Los altisonantes pronunciamientos que esgrimen el interés general realmente esconden motivaciones mezquinas. Se movilizan para conseguir ventajas en la arena política que no podrían granjearse de otra forma. Y si todos los demás quieren acceder también a una tajada del presupuesto nacional, tienen que formar un movimiento y salir a las calles también…Como intuyó Frederic Bastiat, convertimos el Estado en “la gran ficción a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo”.

El falseo de las preferencias está implícito en esta dinámica rentista, pues trae cuenta organizar protestas con personas acarreadas, pagadas o timadas. Surgen los organizadores profesionales de manifestaciones y quienes alquilan “gente” que ignora porqué marcha. Hoy se oponen a la hidroeléctrica, mañana abogan por los salubristas. Cuando la participación no es libre y voluntaria, el reclamo no es sincero.

Finalmente, persisten incentivos perversos porque otras vías de acción resultan menos rentables que la manifestación. Los costos (visibles, ocultos y de oportunidad) que una demostración llega a imponer a la sociedad pueden superan con creces los costos de montar la demostración.  Los costos sociales pueden superar también los beneficios concentrados que obtiene el grupo demandante.

En suma, somos testigos de la deformación de un derecho del ciudadano libre. ¿Pueden los regímenes políticos abiertos respetar la libertad de expresión y de asociación, y al mismo tiempo evitar que se corrompan las manifestaciones?  Tenemos que revisar la estructura de incentivos que impera sobre los gobernantes y los manifestantes, e intentar despolitizar a las sociedades modernas.

Este artículo fue publicado el 14 de marzo del 2014 en la revista Contra Poder y en el CEES.

Ver el artículo 33 que regula el derecho de manifestación en la Constitución Política de Guatemala aquí.

 

 

 

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