Escándalo por los fertilizantes

“Las obras públicas no se logran por el milagroso poder de una varita mágica.”    Así escribió Ludwig von Mises en La acción humana hace 64 años.  Sigue siendo una verdad irrefutable que los ni los gobiernos ni los actores públicos pueden producir algo de la nada, y que cualquier cosa que el gobierno gaste, ya no lo puede gastar el público en general.    Por lo tanto, el criterio de eficiencia en la asignación de los recursos que se impone al mercado, debe también ser impuesto a la actividad gubernamental.

 

Tomemos como ejemplo el Programa de Fertilizantes (ProFer) que administra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).   Dicho programa vio la luz en el 2000, durante la administración de Alfonso Portillo.  Recién se publicó un estudio sobre ProFer, auspiciado por instituciones que en principio apoyan este tipo de ayudas, como lo son la Universidad Rafael Landívar (URL), la Universidad de San Carlos (USAC) y el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).*   Es sorprendentemente crítico, pero a pesar de las anomalías detectadas, los autores no recomiendan descontinuar ProFer.

 

El estudio revela que en los doce años de su existencia, la asignación presupuestaria de ProFer se ha triplicado.  El porcentaje del total del presupuesto ministerial absorbido por el programa creció aceleradamente de 10% a 45%.   Mientras tanto, las pérdidas provocadas por el programa, tan solo para el 2012, se estiman en Q.626.68 millones.  De cada Q.1.00 erogado por el Gobierno, se pierde la totalidad y otros 0.28 centavos más, afirman los autores del estudio.  Es decir que el gasto aumentó a pesar de que ProFer no sólo es deficitario, sino le sale caro a los mismos campesinos.  Además de incurrir en costos para ir a reclamar su bolsa de fertilizante, muchos campesinos han visto cosechas decrecientes.  Cuando aplican el fertilizante erróneamente, los suelos pueden ser degradados o recibir demasiados minerales, y también se pueden contaminar las fuentes de agua.  En vez ver un producto abundante y de mejor calidad, vemos un resultado que nadie favorece.

 

Siguiendo la lógica de von Mises, cualquier programa cuyos costos exceden los beneficios debe ser descontinuado.  En el mercado, esto ocurre automáticamente porque cualquier emprendimiento que no obtiene ganancias desvanece, y los recursos escasos se asignan hacia otros usos más productivos.  ¿Porqué no se sujeta al Gobierno al mismo parámetro de eficiencia?  Por una parte, porque el gobierno tiene el monopolio de repartir fertilizantes a campesinos particulares.  Quienes administran el programa no arriesgan sus propios ahorros, sino malgastan el dinero del público en general.   Los contribuyentes están dispersos y no saben a ciencia cierta que sus aportes al fisco están siendo despilfarrados.   Todos nos empobrecemos un poco, inclusive los funcionarios públicos, pero no estamos plenamente conscientes de este hecho.  Al final, el Ministro de Agricultura, Elmer López, promete reestructurar pero no desmantelar el programa.  ¿Porqué?  Claramente, ProFer acarrea beneficios políticos a sus promotores, entre ellos, votos.  Su imagen de benefactores aún no se ve empañada por los desastrosos resultados que obtiene el programa.    Y así como éste, existen muchos programas estatales que no pasarían la prueba de costo-beneficio.

 

 

 

*Ver el artículo por Mariajosé España sobre el tema publicado en Siglo 21 el 28 de enero, 2013: http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/01/28/perdidas-millonarias-progr

 

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