Costos ocultos en el paquetazo

Algunos analistas y funcionarios públicos se quejan que las impugnaciones contra la reforma tributaria (también llamada la puñalada o el paquetazo fiscal) afecta negativamente la recaudación.   Según el Intendente de Recaudación de la SAT, Abelardo Medina, por esta razón se dejó de percibir Q. 500 millones en lo que va del año.   Otros columnistas señalan que esos millones pudieran canalizarse a usos más productivos fuera que dentro del aparato público.  También nos recuerdan que, para empezar, las expectativas de recaudación eran más utópicas que realistas.   Menos mencionado es el hecho que la misma reforma podría provocar una baja recaudación, aún y cuando no se hubiera impugnado.  Cuando modificaron 258 artículos que norman el pago de impuestos, introduciendo complejidades e incertidumbre, las autoridades asumieron el riesgo de captar menos y no más.

 

Estoy segura que tras bambalinas, los funcionarios admiten los serios problemas que aquejan al paquetazo.   ¡Llevan razón los tributarios que protestan sus inconstitucionalidades!  Justo hace unos días comentaba un empresario que los expertos en su empresa llamaron a las autoridades correspondientes para preguntar cómo debían pagar, y los tecnócratas no pudieron responder a sus preguntas. 

 

Como advierte el análisis de las decisiones públicas, todo cambio de reglas supone el doble costo de destruir un conocimiento previo, poseído por los tributarios y los tecnócratas, y de generar incertidumbre introduciendo nuevos procedimientos.   Es previsible que los gobernantes hagan caso omiso de estos potenciales costos, movidos por su afán de llenar los cofres del erario público.

 

Entonces, ¿es siempre ventajoso dejar intactas las reglas tributarias?  ¿Cuándo sí conviene hacer una reforma tributaria?  Obviamente, vale la pena transitar de políticas fiscales obscuras, enredadas, complicadas y caras hacia escenarios simples y transparentes.   Al tributario no sólo le conviene que le impongan una módica carga, sino además preferiría entender qué tiene que pagar y cómo debe efectuar su pago.   La simplificación también facilita el trabajo a los funcionarios porque reduce sus costos de operación, así como la arbitrariedad en la toma de decisiones. 

 

Pero cuesta transitar de lo complejo a lo sencillo porque hacerlo acarrea costos para ciertos actores políticamente influyentes.   Estos actores favorecen un esquema plagado de vericuetos y fisuras.  A veces será porque sacan provecho personal de las reglas existentes; beneficios a los cuales los demás permanecemos ciegos.  En otros casos será porque a mayor enredo, mayor necesidad de intermediarios especializados que naveguen los mares de papeleo y requisitos por nosotros.   Tan es así que en Estados Unidos, por ejemplo, documentaron cómo, tras una reforma que “limpió el tablero del juego” fiscal, pronto reintrodujeron, paulatinamente, nuevas reglas que restaron transparencia a la normativa.   De allí que insistamos en una constitución fiscal como un candado relativamente sólido para proteger a la ciudadanía de los abusos y la incertidumbre.

Publicado el 27 de febrero de 2013 en Siglo 21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s