Ambientalismo político

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¿Cómo proteger a la iguana negra, al gorrión colibrí y a otras especies en peligro de extinción?  La solución favorita involucra aprobar leyes y reglamentos, crear una agencia gubernamental y tirarle dinero.  Le endosamos el problema a papá Gobierno para luego lavarnos las manos.  ¿Ha rendido eficientes resultados esta estrategia?

En Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a legislar sobre la materia en 1900.  La Ley Lacey prohibía comercializar especies animales.  Varias enmiendas más tarde se vedó la posesión y la comercialización, y se restringió el uso de tierras clasificadas como “hábitat crítico”, en 1973.   Las dos agencias encargadas ya no sólo supervisan la fauna en peligro de extinción, sino también la flora, y agregaron dos categorías de protección adicionales: bajo escrutinio y bajo amenaza.   Una de las dos agencias, la Fish and Wildlife Service (FWS), tiene cerca de 8,000 empleados y maneja más de U.S. $ 2.3 mil millones anuales.  Han removido de su lista a 28 de más de 2,000 especies, una taza de recuperación de 1%.  Analistas dicen que muchos de los costos de operación de la FWS no se divulgan, ni se contabilizan los costos millonarios por pérdidas de empleos y productividad cuando se impide el aprovechamiento económico de ciertas tierras.  FWS gasta más de la mitad de su presupuesto en 7 especies, es decir, sólo el 0.6% de su lista.  Tanto los ambientalistas como los propietarios confirman que la ley de 1973 introdujo incentivos perversos y cambió drásticamente las garantías a los derechos de propiedad.  En fin, teniendo en cuenta el poder, los empleados y los fondos de estos programas federales, su eficiencia es baja.

Por supuesto que no quiero ver extintas bellas especies de fauna y flora: ¡por eso mismo se debe detectar las graves fallas asociadas a la estatización del tema ambiental!   Sirve de advertencia el libro Ambientalismo Político (Hoover Institution Press, 2000), editado por Terry Anderson.  Los autores que contribuyeron al texto describen cómo muchos de los bien intencionados y ambiciosos proyectos se ven empañados por luchas de poder.  Afloran los conflictos de interés y el tráfico de influencias.  Las agencias federales, las autoridades locales y hasta los diputados compiten por asir las riendas, para así captar la asignación presupuestaria y controlar a la burocracia.  Las burocracias crecen en tamaño y atribuciones, requiriendo más presupuesto.  Las leyes se modifican para darle al gobierno más poder discrecional.  Se producen extrañas alianzas y oscuras búsquedas de renta.  Muchos usan la bandera verde por conveniencia, no convicción.

Concluyen que es ingenuo esperar curas milagrosas del Gobierno.  Si bien no podemos evitar la política del todo, debemos ensayar con soluciones creativas que reconozcan los escollos previsibles.  Podemos evitar la centralización del poder de toma de decisión, la discrecionalidad y las oportunidades de corrupción.   Es vital comprender que la transparencia y los derechos de propiedad son aliados, no enemigos, del ambientalismo.

Publicado el 6 de marzo de 2013 en Siglo 21.

Foto por TJR, 2010

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